El sábado 17 de octubre se desarrollará en Madrid una manifestación popular a favor de la dignidad de toda vida humana, gravísimamente despreciada por el designio del Gobierno de Zapatero de hacer aprobar una ley que considere el aborto provocado como un derecho de las mujeres durante las catorce primeras semanas de gestación de sus víctimas. La oposición de sectores significativos de la sociedad española y de numerosas personas doctas y respetables a semejante propósito, se ha manifestado de muchas maneras. Hasta hoy todo ha sido en vano: el Gobierno en pleno, y de forma destacada su presidente y la titular del abominable Ministerio de Igualdad, hace oídos sordos a este clamor y se empecina con contumacia en su actitud. La manifestación, convocada desde hace meses por un total de 42 organizaciones cívicas, es un intento de hacer volver a ZP y los suyos a la cordura; pero caben pocas esperanzas de que eso vaya a suceder.
El anteproyecto gubernamental mereció muy severas críticas del Consejo Fiscal, y produjo una división insalvable en el CGPJ, que se mostró incapaz de emitir un informe, fuese a favor o en contra. Ahora se dice que el Consejo de Estado, en su dictamen preceptivo, ha dado la luz verde al designio gubernamental de establecer un plazo para el aborto a petición, aunque sugiriendo algunas modificaciones, que —se dice— no desvirtúan el núcleo del texto sometido a su consideración. Escribo estas líneas cuando todavía el texto íntegro del dictamen no está a disposición del público, al parecer por voluntad del presidente de la Institución y el ponente, que habrían determinado su secuestro hasta la aprobación del proyecto de Ley por el Consejo de Ministros, lo cual no ha impedido algunas filtraciones a los medios de comunicación, en las que se destaca que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, además de otros extremos, entre los que se cuenta la opinión de que el aborto a petición, esto es, sin que la madre tenga que dar explicaciones de su decisión de abortar, tiene encaje en nuestra Constitución.
Tengo interés en ver de qué manera argumenta el Consejo de Estado para llegar a sus conclusiones, en el supuesto de que las filtraciones respondan a la realidad. Es un interés diríamos académico, porque lo que diga o deje de decir el Consejo es, de hecho, perfectamente irrelevante para el Gobierno, que celebra ruidosamente los dictámenes que le son favorables, pero silencia los adversos y, en todo caso, hace lo que le da la gana. Este modo de proceder es acorde con la letra de la ley que establece que esos dictámenes no son vinculantes, pero a mi juicio pisotea su espíritu, pues para que las cosas se desarrollen así, sencillamente no hace ninguna falta que exista tal institución, cuya abolición supondría un interesante ahorro de dinero público.
Fuente: cope.es
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